Portillo en la ley electoral

 Las personas jurídicas podrán invertir en bonos de la deuda política aunque se les prohíbe hacer donaciones

 Nadie se fijó en la existencia de un portillo que amenaza derrotar el espíritu de la nueva ley electoral

Las reformas al Código Electoral pretendían excluir las donaciones políticas de personas jurídicas. Así lo entendió el país y el tema fue objeto de un explícito debate legislativo y nacional cuando, a última hora, la fracción liberacionista intentó introducir una moción para permitir esa práctica.

La moción fue derrotada y la opinión pública quedó convencida de la garantía de transparencia ofrecida por una ley que solamente permite donaciones de personas físicas bien identificadas.

Nadie se fijó, en ese momento, en la existencia de un portillo que amenaza derrotar el espíritu de la ley. La compra de bonos de la deuda política no puede ser considerada una donación porque el adquiriente tiene la expectativa, aunque sea remota, de recuperar lo invertido.

Se trata, entonces, de una inversión no alcanzada por la prohibición impuesta a las donaciones.

El Tribunal Supremo de Elecciones aclaró el punto en respuesta a una consulta del Comité Ejecutivo Superior del Partido Liberación Nacional.

Luego de declarar que “no existe prohibición para que las personas jurídicas nacionales adquieran certificados de cesión de la contribución estatal de los partidos políticos”, el Tribunal reconoce la existencia del resquicio en la ley y previene: “(…) sin perjuicio de lo anterior, podrían existir situaciones extremas y excepcionales en las que se encubran donaciones con la compra de certificados de cesión, las cuales deberán ser examinadas en cada caso concreto.”

Sin embargo, la dificultad de identificar las “situaciones extremas” larvadas en el cúmulo de suscripciones legítimas de certificados, no escapa al entendimiento de quienes conocen nuestra realidad política.

Otto Guevara, candidato presidencial del Movimiento Libertario, intentó imaginar uno de esos casos: “Si una sociedad anónima compra bonos que de ninguna forma podrán ser validados –de una emisión clase Z, por ejemplo– eso es una donación”.

No obstante, la validación de los bonos depende del resultado electoral, un dato siempre incierto al momento de adquirir los bonos. ¿Quién puede decir que el “inversionista” careció de una legítima expectativa de retorno?

Hay bonos clase C que, a la luz del resultado final, resultarán más apetecibles que la emisión clase A de un partido derrotado catastróficamente. Las encuestas y el ambiente electoral permiten avizorar el fracaso y la victoria, pero a nadie puede exigírsele la aplicación de esos parámetros a la hora de decidir la inversión.

Solamente el resultado electoral pone fin a las dudas y determina la recuperación o pérdida. Sin embargo, en el terreno de las dudas y la incertidumbre previa, es difícil encontrar fundamento para establecer las responsabilidades de quienes disfracen sus donaciones de inversión. El mal sendero, entonces, quedó señalado.

La mejor sugerencia, hasta ahora, la hizo Ottón Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC): “Todos deben estar dispuestos a decir quién compró los bonos”.

Esa transparencia, si se logra, servirá de poco para establecer responsabilidades en caso de fraude, pero al menos ofrecerá al electorado una visión general de las fuentes de financiamiento.

Las circunstancias ameritan un nuevo debate legislativo, encaminado a colmar las aspiraciones de transparencia que animaron los cambios al Código Electoral.

A la luz de las reformas recién aprobadas, la promesa de examen casuístico del Tribunal Supremo de Elecciones ofrece escasos motivos para la tranquilidad y confianza que los electores tienen derecho a esperar.

Grupo Nación: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/22/opinion2097646.html

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