8 de octubre rige prohibición a propaganda gubernamental

Solo se permitirán avisos relacionados con servicios públicos, advierte el TSE

 El funcionario que incumpla enfrentará causa por beligerancia política

Irene Vizcaíno | ivizcaino@nacion.com

Publicado: 2009/10/01

Las cadenas de televisión de los domingos y la propaganda que exalta la construcción de carreteras, las bondades de la Caja Costarricense de Seguro Social o los logros “históricos” del Ministerio de Educación acabarán el 8 de octubre, un día después de la convocatoria a las elecciones presidenciales.

Si un funcionario del Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas o empresas del Estado autorizan alguna difusión a partir de ese día, se exponen a una investigación por beligerancia política.

Esa investigación se puede iniciar tanto por denuncia de ciudadanos como por iniciativa de la Inspección Electoral, órgano del TSE.

“Lo que se quiere es que el Gobierno no utilice sus recursos y los medios que tiene para promocionar o de alguna forma favorecer al partido que está en el poder, mediante los logros que haya hecho en su gestión”, explicó Héctor Fernández, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Fernández añadió que solo está permitido que las instituciones comuniquen “aspectos esenciales del servicio público”. Puso de ejemplo los cortes de luz o agua, o el inicio de una campaña de vacunación.

La ministra de Comunicación, Mayi Antillón, aseguró que toda la Administración ya está enterada. “Está clarísimo que toda promoción que exalte o reconozca fines de ministerios u obras de las instituciones no puede seguir”, dijo.

Según Antillón, la promoción de los últimos días no tiene intención electoral, sino que estaba planeada desde principio de año.

“No se hizo de último momento”, comentó.

Para contrarrestar la ausencia de publicidad gubernamental, reforzarán los mensajes a través del sitio web de la Casa Presidencial, donde hay videos y comunicados. También continuarán las visitas y las conferencias de prensa.

Solo la Presidencia de la República tenía autorizados en agosto ¢568,3 millones para publicidad y propaganda. Para el 2010, solicitó ¢573 millones para esos fines.

Antillón señaló que, pasadas las elecciones, el Gobierno necesitará volver a hacer publicidad para “rendir cuentas”.

Las normas

Falta. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en la ley harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE (artículo 142, Código Electoral).

Castigo. El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos, por un período de dos a cuatro años, a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones (artículo 146, Código Electoral).

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