El derecho al voto

Página QuinceJaime Marcet

 La abstención es una opción que deberíamos poder tomarlibremente

Analista político

Jaime Marcet Ortega es Analista del Proyecto DESOL del Center for LatinAmerican Studies de la Fundación Maiestas.

Los derechos políticos han sido muy polémicos en la historia. En épocas anteriores, se limitaban por razones de sexo, raza o capacidad económica. En 1791, los franceses establecieron el sufragio universal masculino. Sin embargo, en 1814 volvieron a fijar un límite económico; se exigía pagar 300 francos anuales.

En 1848 se restableció como universal, pero seguía siendo exclusivo de los hombres. Recién en los años treinta del siglo anterior se equiparó a la mujer con el hombre a estos efectos. En Inglaterra, los hombres tuvieron que esperar hasta 1918 para que se les reconociera el sufragio universal y las mujeres otros diez años.

Nosotros, los países latinoamericanos, nos demoramos un poco más en reconocer esa igualdad de la mujer en el plano político. Argentina lo hizo en 1947, Costa Rica en 1949, Perú en 1955, Colombia en 1957. Siendo pionero –esto lo digo con mucho orgullo– mi país, Ecuador, reconociéndolo en 1929, gracias a la valentía de la primera mujer que ejerció el derecho de voto en nuestra región: Matilde Hidalgo de Prócel. Esta lucha no fue en vano; gracias a que los tenemos, hoy podemos escoger unos representantes y exigirles cuentas.

Contradicción. En la actualidad, se reconocen como universales, eliminando así todo límite de raza, sexo, capacidad económica o cualquier otra naturaleza. No obstante, creo que subsiste un grave defecto: en la mayoría países latinoamericanos, el derecho de sufragio es obligatorio.

Ecuador –esto no lo digo con tanto orgullo, es más, hasta me de pena– Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Uruguay y otros más, obligan a sus ciudadanos a ejercer su derecho de sufragio. En ellos existe, en realidad, derecho a elegir (entre los candidatos), pero obligación de votar (tengo que ir a votar). Se le considera como un derecho y una obligación.

Desde mi punto de vista, un derecho obligatorio ya no es completamente un derecho, es más una obligación. El tener derecho al voto significa tener la facultad de votar, no la obligación. Pero se cree –o se quiere creer– que si no fuera obligatorio nadie votaría.

Naturalmente, esta es una simple excusa para mantener esta ilógica forma de ejercer un derecho que beneficia a la clase política. En Gran Bretaña, con elecciones voluntarias, se alcanzó una participación del 78,97% de los electores en 1959. Sin ir muy lejos, en la revolucionaria Venezuela, donde el voto es facultativo desde 1999 (esto si fue algo verdaderamente revolucionario), hubo una abstención del 60% en 1993, cuando el voto era obligatorio.

Paraguay, con voto obligatorio (artículo 4, Código Electoral), duplicó el porcentaje de abstención entre 1998 y el 2003, llegando al 36%. Es decir –siguiendo un informe del 2007 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés)– “estos resultados demuestran que el grado de participación no depende exclusivamente de la obligatoriedad o no del voto.”

Hay otros países que lo exigen como una obligación moral, personal. Entre estos, están México, Guatemala o Costa Rica, que, aunque en el artículo 93 de su Constitución se establece la obligatoriedad, se entiende que es un deber del ciudadano –no un deber jurídico–, cuyo incumplimiento no es merecedor de sanción. Lamentablemente, son poquísimos los países donde existe la voluntariedad: Panamá, Colombia, Nicaragua, Venezuela. Deberíamos esforzarnos, los países de la región, por conseguir la absoluta voluntariedad.

No obstante, hay posiciones jurídicas muy respetables a favor de la obligatoriedad. Hay quienes ven el derecho de sufragio como un derecho y una función. Entre ellos, el francés León Duguit. Este jurista opinaba que “la función consiste en el poder conferido a un individuo, investido de la cualidad de ciudadano, para ejercer determinada función pública llamada sufragio.” Esto es decir que el Estado nos otorga un poder a los ciudadanos.

Me opongo rotundamente a aceptar esto. Fuimos nosotros, los ciudadanos, quienes que creamos el Estado, no el Estado el que nos creó a nosotros. Somos los ciudadanos quienes le conferimos poderes al Estado, no este último a los primeros.

En mi opinión, se trata de un derecho. La democracia, como sistema basado en la libertad, requiere elecciones y, por ende, electores, pero esto no justifica el obligarnos a votar. Es parte de nuestra libertad decidir si votamos o no; la abstención es una opción que deberíamos poder tomar libremente (no la estoy recomendando, pero debe ser una facultad de los votantes).

Si hay libertad de decisión, los políticos tendrán que convencernos con sus argumentos para que vayamos a las urnas y que votemos por ellos. En los países donde se obliga, ganan los candidatos; ya no tienen que convencernos para que vayamos a votar.

Obligar a la gente por miedo a la abstención carece de sentido. ¿Estaría bien obligarnos a ser católicos, judíos o musulmanes porque si no nadie escogería una religión? ¿Sería lógico obligarnos a todos a asociarnos ya que nuestras Constituciones nos dicen que a ello tenemos derecho?

Así como los derechos tienen una vertiente positiva, también tienen una negativa. Puedo escoger una religión o no escogerla, puedo asociarme o no asociarme y también deberíamos poder escoger entre votar o no.

Para los católicos, por ejemplo, ir a misa cada domingo es un deber, pero un deber moral, no jurídico. Es decir, no hay una sanción material sino voy. La Iglesia no me impone una multa si no voy, algunos Estados si lo hacen si no voto (v. gr. Ecuador). De esta misma forma ha calificado el sufragio el Tribunal Supremo español en las sentencias 7-07-1981 y 10-04-1982; como un derecho y un deber del ciudadano, pero no un deber jurídico, sino moral y político. Evidentemente, en España, y en la mayoría de países europeos, el sufragio no es obligatorio. Ojala algún día, quienes estamos obligados a votar, podamos ejercer nuestro derecho en plena libertad. Los hermanos ticos, el próximo 7 de febrero tendrán la oportunidad de ir a votar por un(a) Presidente en absoluta libertad. Aprovechen esta ocasión; demuéstrenle al resto de Latinoamérica que la libertad fortalece la democracia.

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