¿Importan los programas electorales?

Página Quince Johnny Meoño | jmeonos@ice.co.cr

Politólogo y administrador público

Hace cuatro años, produje un estudio sobre las propuestas electorales de partidos políticos, en la UCR (IICE, enero, 2006), aplicando catorce variables no encontradas en otros estudios sobre partidos en América Latina, todas asociadas con: a) el modelo-país, o sea, el sistema unitario e indivisible de derechos de los habitantes plasmado en la Constitución Política y en un sinnúmero de leyes; b) las normas, mecanismos e instrumentos definidos en aquellas para una máxima rendición de cuentas y gobernabilidad , y c) valores y prácticas políticas imperantes, sobre todo el ineficaz (no ineficiente, amigos) control político realizado en la Asamblea Legislativa .

Se constató, así, una parecida aleatoriedad de tantas propuestas estratégico-programáticas sobre el desarrollo nacional. Se demostraba, también, cómo los “cuadros” del eventual partido ganador llegarían integralmente impreparados para enfrentar, aun jurando cumplir con la Constitución y leyes, las inevitables exigencias del enorme poder legítimo por ejercitar.

Fundamento legal. ¿Cómo es que mucha gente dice que no es importante que los partidos publiquen tales programas de gobierno? Los electores no parecen entender que si las promesas para resolver “todo problema” no parten de lo que constitucional y legalmente está definido para resolverlos de una manera integral, determinada y eficaz (no eficiente, amigos), o sea, lo contrario a caprichoso o aleatorio, ningún nuevo “equipo” resolverá nada, tanto por inhabilidad administrativa como por infundamentación e imposibilidad legal.

Ello ha sido históricamente así y seguirá siéndolo por siglos, porque sin esa esencial visión jurídicamente integral, enfrentarán, sin saber cómo conjurarlo, caóticas prácticas de gestión, de diseño de políticas y programas, corrupción y revanchismos partidistas que llevan a una total desarticulación interinstitucional.

Si a esto se agrega el asumir por muchos que “gobernar” solo requiere experiencia empresarial o carisma político, o referir como “semejantes” prácticas que en Europa han funcionado por décadas de coherencia conceptual y empírica, como en materia de conducción, planificación, gabinete, parlamento, políticas públicas, concertación, participación, responsabilidad, transparencia y otros, ¡entonces, apague y vámonos!

He analizado diversos programas de partidos, y aprovechado trece estudios realizados sobre ellos por mis estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR, y constato por desgracia la “oferta” de diagnósticos y propuestas que siguen partiendo de un incomprensible e inaceptable vacío constitucional y legal. Todos, quizás de buena fe. Pero ninguno reconociendo que ya el país cuenta con una verdadera estrategia de desarrollo económico, social y ambiental de largo plazo, moldeada en ese marco constitucional y legal/conceptual superior de genuina extracción costarricense.

¿Cuánta seriedad y verdadera honestidad política ( oops , qué ingenuo, ¿verdad?) hay en quienes, en tal vacío normativo/conceptual, ofrecen, grandilocuentemente, “grandes soluciones” no logradas hasta ahora?

Marco legal superior. Sostengo, por enésima vez en décadas, que quien no reconozca, comprenda y aplique ese rico marco legal superior en sus diagnósticos y en el diseño de soluciones, llegará, conceptual y empíricamente, impreparado a gobernar y administrar como debe. Nadie.

Claro que es un asunto de enfoque, como con el vaso con agua a la mitad: ¿está medio lleno o medio vacío? Es decir: mientras tantos se ufanan cada cuatro años por “lo mucho logrado”, yo insisto en identificar lo mucho “no logrado” y cómo esto no se debe a ninguna “ingobernabilidad” producto de “tantas leyes” malas.

Dije en mi último artículo aquí (2/12/2009), que el Tribunal Supremo de Elecciones no pareció aceptar nuestra tesis de que a él corresponde exigir a los partidos ese mínimo reconocimiento, en sus propuestas, de ese modelo-país superior y para el excelente gobierno. Viendo su sitio “Candidatos y Propuestas”, recién incorporado en su página web, al menos simplificó y jerarquizó el irracional listado de temas de hace cuatro años.

Es frustrante ver tantas cosas desmoronarse ante nuestros ojos cuando la “madre de todas las soluciones” la hemos tenido, normativa y conceptualmente hablando, desde 1949, y más instrumentalmente desde 1974, con la visionaria Ley de Planificación Nacional.

Por desgracia, nadie parece reconocer cómo todos los grandes males se podrían enfrentar, de golpe y porrazo, si más líderes de opinión contribuyeran a presionar, o asesorar, a los partidos –o el Tribunal de Elecciones, la Contraloría de la República y la Defensoría de los Habitantes lo exigieran con rigurosidad cada uno en su acreditado e innegable campo competencial– para que sus “equipos” lleguen “más” correctamente informados, pertinentemente formados y con la voluntad real de gobernar y administrar como deben.

O sea, superando tanto simplismo político, técnico, administrativo y jurídico en el ejercicio del poder una vez en el Gobierno, y dejando de asumir que de Europa u otras latitudes –algunos ponen a Chile de ejemplo– podemos extrapolar “el modelo” de conducción gubernativa que lograría el mejor y más eficaz (no eficiente , amigos…) “desarrollo nacional”.

El punto de fondo: ¿cuál modelo de desarrollo: el entronizado clara, visionaria, integral y concretamente en nuestra Constitución Política al que todos dan la espalda, o uno hoy inexistente y políticamente inviable? ¿Próspero Año Nuevo?

http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/09/opinion2219453.html

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